DOCUMENTO DE PRINCIPIOS ÉTICOS de PODEMOS

Con todo lo que esta pasando, no solo esta semana, tambien desde hace mucho tiempo, con los politicos profesionales españoles, publico este documento que es de obligado cumplimiento para todos los cargos electos. Este documento fue aprobado por abrumadora mayoria en la Asamblea Ciudadana.


PREÁMBULO

La pertenencia a PODEMOS implica un compromiso ético con los valores centrales de la iniciativa que deberá ser suscrito por todas las personas que quieran participar en ella.
PODEMOS nace como herramienta para la participación ciudadana y la unidad popular. Aspiramos a recuperar la política para ponerla al servicio de las personas. PODEMOS es un método: la democracia. Promovemos la participación democrática directa de todas las personas en los ámbitos de la decisión política, así como en la ejecución de las políticas públicas.

Como persona integrante de PODEMOS me comprometo a:
I. Defender la aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en los ámbitos social, político e institucional de nuestra sociedad, avanzando hacia la resolución pacífica de los conflictos.
II. Promover la participación directa e igual de toda la ciudadanía en los espacios de adopción de decisiones y en los ámbitos de ejecución de las políticas públicas.
III. Trabajar a favor de la recuperación de la soberanía popular y democrática.
IV. Promover la igualdad tanto en la sociedad como dentro de Podemos, luchando contra toda forma de racismo, de xenofobia, de machismo o de exclusión por identidad de género u orientación sexual. Además se deberá promover la participación política de las mujeres en Podemos y comprometerse con incluir en los reglamentos de cada espacio la necesidad de habilitar guarderías en los actos y asambleas de la organización.
V. Velar para que la participación en PODEMOS sea siempre libre, voluntaria y abierta a todas las personas que, sin distinción de su estatus civil o social, comparten la defensa de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el método democrático de participación ciudadana y directa.
VI. Debatir con honestidad todas las opiniones y respetar a todas las personas con independencia de cuáles sean sus pareceres, fomentando el diálogo y la búsqueda de consenso.
VII. Exigir y respetar que la elección de candidatos o candidatas a cualquier institución de representación política (cámaras municipales, diputaciones provinciales, parlamentos autonómicos, congreso de los diputados, senado, parlamento europeo o cualquier otro) se lleve a cabo mediante elecciones primarias abiertas a toda la ciudadanía, con listas abiertas sólo corregibles mediante criterios de género. Rechazar el transfuguismo y velar para que ningún cargo electo pueda formar parte de PODEMOS si previamente no ha sido elegido para desempeñar tal función en un proceso de primarias abiertas y participadas por toda la ciudadanía.
VIII. Exigir y respetar que cualquier pacto previo o posterior a las elecciones con cualquier otra formación política sea sometido a la aprobación democrática mediante la consulta abierta a toda la ciudadanía en todos y cada uno de los niveles territoriales de representación.
IX. Exigir y respetar que cualquier cargo electo sea un mero representante obligado a vincular sus decisiones al método abierto y democrático de participación a lo largo de todo su mandato.
X. Impedir que Podemos en su gestión económica participe de productos bancarios de financiación de instituciones basadas en el lucro. Se excluye expresamente la posibilidad, por tanto, de financiación bancaria en este sentido.
XI. Construir PODEMOS como plataforma para garantizar que la política deja de ser un espacio al servicio de intereses privados, para lo cual todos los cargos electos y cargos internos de PODEMOS
aceptarán:

a) La limitación salarial que se establezca con carácter general para cada nivel de representación, asumiendo la total transparencia de sus ingresos por cualquier concepto y la obligación de rendir cuentas públicas y asumir la gestión transparente de su patrimonio.
b) La limitación que se establezca con carácter general sobre el número de funciones públicas que pueda desempeñar una única persona y a recibir un único salario por las mismas, salvo que sumen menos de tres salarios mínimos.
c) La renuncia a cualquier privilegio jurídico o material derivado de forma directa de la condición de representante, proveyendo desde la responsabilidad del cargo público evitar el acogimiento a cualquier figura de aforamiento judicial.
d) El compromiso de transparencia y la rendición de cuentas a lo largo y al final de su actividad como representante.
e) El compromiso de inhibirse en la toma de decisiones y de abstenerse de optar a cargos electos con el objetivo de representar intereses personales, económicos o políticos ajenos a los que correspondan en cada caso al cargo electo en cuestión. El Régimen de Incompatibilidades que desarrollará el Consejo Ciudadano tendrá por objeto garantizar este punto no sólo en términos éticos sino también normativos y en cualquier caso recogerá la restricción del derecho al sufragio pasivo a cargos orgánicos internos a miembros o afiliados de organizaciones políticas de ámbito estatal.
f) Asumir la imposibilidad de ocupar el acceso después de asumir cargos públicos a la empresa privada cuya actividad haya o hubiera tenido conexión de intereses en sus tareas como representante, con prohibición expresa de asumir durante 10 años responsabilidades ejecutivas en empresas conexas con sus responsabilidades, y nunca como miembros en Consejos de Administración de empresas que actúen en sectores estratégicos o de relevancia económica nacional, así como proveer efectivamente no acogerse a ningún beneficio fiscal que pudiera derivarse de la actuación de cargo público.
g) El compromiso de renuncia al cargo público, interno del partido o a cualquier candidatura a los mismos en caso de ser procesado o condenado por las faltas y delitos que se determinarán en el Reglamento al efecto que habrá de publicar la Comisión de Derechos y Garantías, y que en cualquier caso incluirán siempre los delitos de corrupción, económicos, acoso sexual, violencia de género, pederastia y maltrato infantil, contra los derechos de los trabajadores, ecológicos y urbanísticos.
h) Evitar la contratación pública con empresas en las que el miembro de Podemos o sus familiares puedan tener algún tipo de interés económico.
i) Limitación de mandatos asumiendo la limitación de cargos públicos o internos del partido a una duración de ocho años, que pudiera prorrogarse excepcionalmente a un máximo de 12 años.
j) Impulsar el laicismo, promoviendo un sistema democrático fundado en la libertad de conciencia, sin apoyar ningún culto o religión.
XII. Además, todas las personas titulares de CARGOS DESIGNADOS POR PODEMOS en cualquier órgano de las ADMINISTRACIONES PÚBLICAS o de cualesquiera de sus ENTES INSTRUMENTALES deberán aceptar:
a) A desempeñar con lealtad a la ciudadanía, sencillez, moralidad y transparencia los puestos para los que hayan sido designados, velando por el buen uso de los bienes públicos y por una gestión de los recursos públicos basada en principios de eficiencia, equidad y eficacia.
b) A no tener ningún privilegio jurídico o material derivado de forma directa de la condición de representantes proveyendo desde la responsabilidad del cargo público evitar el acogimiento a cualquier figura de aforamiento judicial.
c) La limitación salarial que se establezca con carácter general para cada nivel de responsabilidad, sin que pueda superarse en ningún caso el sueldo más alto establecido para el nivel del grupo funcionarial o laboral para el que estén capacitados en función del título exigido para el ingreso (A1, A2, B, C1 y C2) en cada Administración Pública, salvo en lo concerniente a las cotizaciones por desempleo
d) A renunciar en las Administraciones y Empresas Públicas a percibir un salario superior a los recogidos en el convenio colectivo o en el régimen retributivo del resto de personas empleadas sin percepción de complementos o conceptos retributivos diferentes. No habrá privilegios de ningún tipo, solamente los derechos derivados el Convenio Colectivo que les será íntegramente de aplicación.
e) A no cobrar sueldos o remuneraciones, cualquiera que sea su denominación, por la pertenencia a los Consejos de Administración de ningún Ente u Organismo Público, derivada del ejercicio de sus funciones públicas.
f) A renunciar a cualquier plan o fondo de pensión que la Administración Pública respectiva pudiese haber contratado al margen de los que tengan derechos los empleados públicos. No habrá más derechos en materia de jubilación con cargo a los fondos públicos que los establecidos en la Seguridad Social, en Clases Pasivas del Estado o aquellos que la Administración Pública tenga contratados para sus empleados públicos.
g) A no realizar gastos superfluos de los fondos públicos, moderar los costes de transporte y alojamiento ajustándose a las dietas e indemnizaciones establecidas para el personal funcionario o laboral. En caso de necesitar indemnizaciones por razón de desplazamiento, alojamiento o manutención, no podrán superar las establecidas normativamente para el personal funcionario o laboral ni, en el caso de empresas públicas y organismos asimilados, las que cobra el personal de los mismos por Convenio Colectivo. Renunciarán a las dietas de altos cargos de la Administración.
h) A no percibir ninguna remuneración ni cesantías de ningún tipo una vez finalizada su designación en el cargo. Quienes con anterioridad al cargo fueran titulares de un empleo público serán repuestas con carácter definitivo en el último puesto del que fueran titulares definitivos u otro puesto equivalente en términos de salario, dedicación, área de actividad y localidad, debiendo incorporarse a ellos en los plazos previstos para la toma de posesión en los procesos de provisión de puestos de trabajo. Quienes no fueran titulares de un empleo público cobrarán la prestación por desempleo que les corresponda.
i) Las personas titulares de altos cargos renunciarán a la asignación de vehículo oficial de carácter permanente excepto cuando los cuerpos de seguridad del Estado así lo recomienden expresamente por razones de protección personal. En cualquier otro caso, el uso de vehículos oficiales sólo podrá hacerse cuando sea imprescindible para el servicio público, en la forma y condiciones similares a las del resto del personal y en ningún caso se utilizarán para desplazarse al domicilio propio o familiar u otros usos no vinculados con lo estrictamente necesario para el ejercicio de las funciones públicas. En lo posible darán ejemplo con el uso de medios de transporte colectivo u otros medios de transporte respetuosos con el medio ambiente.
j) A no percibir cobro en especie de ningún tipo y en especial a la percepción de ayudas al alquiler cuando estos tengan residencia continuada-bien por alquiler o compra- en la localidad o alrededores donde se encuentre la sede en la que ejerzan sus funciones públicas. En el caso de que no tuvieran residencia en la localidad del centro de trabajo y tuvieran que percibir ayuda, el montante será justificado y la vivienda será digna y adecuada a las necesidades de su familia.
k) Respetar el deber de abstención previsto en la legislación vigente.
l) Los cargos públicos designados por Podemos se comprometen a la democratización del ejercicio de sus funciones, a dar un trato humano y digno a la ciudadanía, especialmente con quienes tengan menos recursos económicos, sociales o culturales y a escuchar a todas las personas que lo soliciten, sin que tal obligación pueda ser delegada al personal bajo su dependencia.
m) Las personas titulares de cargos públicos procurarán la participación del personal en el desempeño de su misión, su empoderamiento y la mejora de la organización pública a su cargo, fomentando la asunción de responsabilidades y proporcionando reconocimiento público al personal a su cargo por el buen desarrollo de sus funciones. Se comprometen a evaluar de forma objetiva el desempeño del personal a su cargo, a combatir cualquier forma de discriminación y a perseguir el acoso laboral. Promoverán la mejora del clima laboral, la prevención de riesgos laborales en su ámbito, la mejora de las condiciones de trabajo y el respeto medioambiental.
Promoverán la cultura de mejora de la gestión pública orientada a la ciudadanía, fijarán la misión de la organización a su cargo de acuerdo con los planes y programas previstos y difundirán los valores éticos y democráticos para su logro, persiguiendo con firmeza cualquier signo o indicio de fraude o corrupción. Periódicamente se someterán a evaluaciones de gestión y liderazgo.
n) A crear y facilitar en la áreas de trabajo que tengan bajo su responsabilidad un clima y una cultura administrativa de transparencia, rendición de cuentas y puertas abiertas a la ciudadanía rechazando comportamientos autoritarios y no democráticos.

Suscribo este compromiso en libertad, entendiendo todos y cada uno de los puntos que aquí se señalan y asumiendo sus defensa como mejor garantía para la construcción de una sociedad más justa en la que todas las personas seamos más libres.

Ponentes:
Pablo Iglesias
Íñigo Errejón
Juan Carlos Monedero
Carolina Bescansa
Luis Alegre

SINAGOGA PINKAS

 

La sinagoga Pinkas (1.535) forma parte del complejo de monumentos judíos de Praga. Está adosado al Cementerio Judío, una extensión encajonada entre los edificios del centro de la ciudad y donde no se entierra a nadie desde hace más de 200 años, el último fue Moses Beck en 1.787. Mientras paseo entre las tumbas observo las piedrecillas que los visitantes dejan sobre las lapidas, algunas con mensajes escritos en pedacitos de papel. Una de las tumbas principales es la del rabino Löw (1.520 – 1.609). Se le atribuían poderes mágicos, y según la leyenda creó una figura de arcilla, el Golem, a la que dio vida introduciéndole una piedra en la boca. Pero el Golem enloqueció, y el rabino, después de quitarle la piedra de la boca, lo ocultó en el ático de la sinagoga Staronova (1.270), la sinagoga gótica más antigua de Europa. Creó al Golem para protegen a los judíos de Praga, pero al enloquecer no pudo cumplir su misión. La sinagoga Pinkas en una pequeña muestra de hasta donde puede llegar la brutalidad y el horror. La totalidad de sus muros están repletos con los nombres de los judíos checos (bohemios y moravos) asesinados por los nazis. Miles y miles de nombres, hasta 80.000, familias enteras que de repente, ante mis ojos, dejan de ser abstractos, anónimos y pasan a ser reales y tangibles. La emoción me sobrepasa, intento leer nombres, fechas…, pero no puedo. En los pisos superiores veo los dibujos que los niños checos hicieron en Auschwitz-Birkenau: en ellos hay muchos dragones malos. No hay posibilidad de polémica porque no voy a entrar en ella. Algunos me diréis que los judíos tal o cual o que ahora hacen esto o aquello. Y por supuesto tenéis razón. Pero para mi no son judíos, son seres humanos, iguales a los palestinos, camboyanos, hutus y demás pueblos o individuos, que han sufrido, sufren o sufrirán los caprichos de la política, el racismo o la religión. Nunca visitaré Auschwitz-Birkenau. Sé muy bien lo que allí hay y lo que voy a ver. Esa visita no va a afianzar mis ideas, como no lo ha hecho este monumento. La sinagoga Pinkas me ha pillado por sorpresa, no lo esperaba, y me ha impresionado.

EL MUNICIPIO DEL BIEN COMÚN (2)

EL MUNICIPIO DEL BIEN COMÚN (2)

economia‐del‐ bien‐comun.org

Una estrategia de cambio desde abajo:

El 6 de octubre de 2010 se inició en Viena el proceso de reforma económica de abajo a arriba (bottom-up) conocido como “Economía del Bien Común”. El movimiento se propone abolir la contradicción fundamental de valores entre capitalismo, sociedad y naturaleza. Para conseguir ese objetivo debe producirse el cambio desde un marco jurídico que incentiva la ganancia financiera y la competitividad hacia otro que aspira a lograr el bien común y la cooperación, y que medirá el éxito económico futuro según la producción y el balance del bien común.

La idea se está propagando como el viento.

A finales de marzo, casi 600 empresas de 14 países apoyaban la iniciativa; aproximadamente otras 250 se sumarán en 2012al balance del bien común. Más de 30 de campos de energía locales, que acompañan a las empresas y dan a conocer las ideas, se están diseminando desde los Alpes hasta Latinoamérica y Nueva York, pasando por España. También en Vorarlberg se unen a los campos de energía cada vez más empresas y personas privadas.

Actualmente se está desarrollando el concepto de Municipio del Bien Común.

Formalmente un municipio puede convertirse en municipio del bien común mediante una declaración del concejo municipal elaborada por la Asociación del Bien Común, y puede ser completada por propias ideas e iniciativas del municipio.

Los elementos básicos de un municipio del bien común podrían ser los cinco proyectos siguientes:

1. Un municipio del bien común invita a los empresarios del lugar a realizar el balance del bien común;

éste da a conocer públicamente al grupo de empresas pioneras y hace visibles sus servicios especiales en favor del bien común, por ejemplo a través de una celebración anual (“La actividad económica general está al servicio del bien común”, Artículo 151 de la Constitución del Estado Libre de Baviera). Además, las empresas pioneras pueden ser promocionadas mediante diversos incentivos, sobre todo en la contratación y la compra pública. En algunas regiones como el Tirol del Sur se ha constatado que los asesores de empresa más expertos del lugar acompañan el proceso de las empresas pioneras y ofrecen, en un mismo paquete, desde las primeras informaciones sobre la Economía del Bien Común hasta el primer balance auditado. Los costes de este servicio pueden correr a cargo del municipio. Un proceso de balance semejante con las empresas locales podría integrarse también en otros procesos, como por ejemplo, en una LA 21 o en procesos de desarrollo regional.

“También en Vorarlberg colaboran cada vez más empresas y personas privadas en campos de energía

locales”

2. Un municipio del bien común hace en su propio ámbito administrativo y económico un balance del bien

común, lo publica e invita a municipios amigos y vecinos a hacer lo mismo. Más adelante el resultado obtenido del balance del bien común podría tener consecuencias para las ayudas de la Comunidad Europea destinadas a los municipios y para la compensación financiera. Si un municipio hace mucho en favor de la gente y de la naturaleza, debe disfrutar de ciertas ventajas fiscales, en comparación con aquellos municipios que hacen menos esfuerzos. Actualmente la capital de una provincia austriaca está considerando la creación de un balance del bien común para la administración municipal. En Alemania hay dos universidades que consideran la creación de un balance del bien común.

“El objetivo no es que un municipio sea “mejor” que otro sino que quiera conseguir mejoras en aquellos

factores de calidad de vida que le importan”.

3. El desarrollo participativo de un “índice del bien común municipal”,

un índice de calidad de vida que está ubicado en un nivel intermedio entre el producto del bien común (economía) y el balance del bien común (empresa). A través de procedimientos de participación ciudadana se podrían determinar los de entre diez a veinte factores de calidad de vida más importantes. Éstos podrían ser medidos una vez al año, en parte a través de encuestas que engloben a todos los hogares. A diferencia del producto del bien común, que debería ser uniforme, al menos a nivel de la Comunidad Europea, los índices del bien común pueden ser diferentes de un municipio a otro. El objetivo no es que un municipio sea “mejor” que otro, sino que quiera conseguir mejoras en aquellos factores de calidad de vida que le importan.

4. Proyecto de participación ciudadana para facilitar y promover una “convención económica municipal”.

En ésta los/las ciudadanos/as fijan unas veinte reglas jurídicas que deben regir la economía. Según una encuesta realizada por la Fundación Bertelsmann en julio de 2010, el 90 por ciento de los/las austriacos/as está a favor de un nuevo orden económico. ¿Quién, si no la propia población podría desarrollar los principios de un orden económico más humano, más democrático, más social, más ecológico y regional? Normalmente una convención escribe la Constitución para un ente democrático. En la convención económica se elabora “sólo” la parte económica de la Constitución - por primera vez en la historia de la humanidad en un proceso de abajo a arriba (bottom-up). El “diseño procesal” para la convención económica está siendo elaborado por un amplio equipo de redactores/as de la sociedad civil. Estará disponible a más tardar en septiembre de 2012.

5. Organizar una “región del bien común”.

Varios municipios del bien común pueden reunirse en su área geográfica - por ejemplo Pinzgau Vintschgau, Allgäu, Vorarlberg, Thurgau - para formar regiones del bien común. De esta manera, los municipios pueden aprender juntos y fecundarse mutuamente. Una región del bien común puede, en cooperación con municipios del bien común, invitar a la provincia correspondiente a convertirse en una provincia del bien común.

Gran interés internacional por el concepto de municipio del bien común. Aunque la iniciativa de la economía del bien común es aún muy joven, ya hay un interés considerable por el concepto en Austria, Baviera, Tirol del Sur, Suiza y España. A lo mejor alrededor del 6 de octubre, el segundo

aniversario de la puesta en marcha del “Proceso global Economía del Bien Común”, los primeros candidatos a municipio del bien común podrán anunciar (en el marco de la segunda conferencia de prensa internacional sobre el balance del bien común) que para el año 2013 van a convertirse en los primeros municipios del bien común y a poner en práctica uno tras otro los proyectos arriba mencionados.

LA ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN (1)

Un modelo económico con futuro. Resumen en 20 puntos:

De economia-del-bien-comun.org. Christian Felber. 1 de febrero de 2.012. 

Según una encuesta de la fundación Bertelsmann, el 80 por ciento de los alemanes y el 90 por ciento de los austriacos esperan un nuevo orden económico. La economía del bien común (Deuticke, 2010) es un sistema económico alternativo completo, los fundamentos habían sido desarrollados por Christian Felber en Nuevos valores para la economía (Deuticke, 2008) y más tarde pulidos por un, cada día mayor, círculo de empresarios. El fin es escapar de la discusión estéril: “Quien está contra el capitalismo, está con el comunismo” y ofrecer un camino concreto y viable para el futuro. Hasta finales del 2011 apoyaron la iniciativa más de 500 empresas de 13 países. 200 empresas pioneras aplicarán el corazón del modelo, el Balance del Bien Común. El movimiento crece globalmente en cada día más ramas de actuación. 31 “Campos de energía” (grupos de apoyo local) se han fundado hasta la fecha en Austria, Alemania, Italia, Suiza, Liechtenstein, España, Argentina y Honduras.

Aquí presentamos los 20 puntos centrales:

1. La economía del bien común se basa en los mismos valores que hacen florecer nuestras relaciones: confianza, cooperación, aprecio, democracia, solidaridad. Según recientes investigaciones científicas conseguir buenas relaciones es la mayor fuente de motivación y felicidad de los seres humanos.

2. El marco legal económico experimenta un giro radical, cambiando las reglas del juego de afán de lucro y competencia por cooperación y contribución al bien común: Empresas que practican la cooperación serán recompensados. En cambio, el comportamiento competitivo conlleva desventajas.

3. El éxito económico no es medido por indicadores monetarios como el beneficio financiero o el BIP, sino con el balance del bien común (a nivel de empresas) y el producto del bien común (a nivel de sistema). El balance del bien común se convierte en el balance principal de todas las empresas. Cuanto más social, ecológica, democrática y solidaria sea la actividad, mejores serán los resultados del balance del bien común alcanzados. Mejorando los resultados del balance del bien común de la empresas en una economía nacional, mejorará el producto del bien común.

4. Las empresas con buenos balances del bien común disfrutarán de ventajas legales: tasas de impuestos reducidas, aranceles ventajosos, créditos baratos, privilegios en compra pública y a la hora de reparto de programas de investigación, etc. La entrada en el mercado se verá, por tanto, más favorecida para actores éticos y sus productos y servicios, que los de los no-éticos, indecentes y no ecológicos.

5. El balance financiero será el balance secundario. El beneficio financiero pasa de ser fin a ser medio. Éste sirve sólo para aumentar el ‘nuevo’ fin empresarial: Aportación al bien común. Los excedentes del balance financiero deberán utilizarse para: inversiones con plusvalía social y ecológica, devolución de créditos, depósitos en reservas limitadas, bonificación a los empleados de forma restringida, así como créditos sin intereses a empresas cooperadoras. No se utilizarán los excedentes para bonificar a personas que no trabajan en la empresa, adquisición hostil de otras empresas, inversión en mercados financieros (éstos dejarán de existir), o aportaciones a partidos políticos. En contrapartida, el impuesto sobre el beneficio empresarial será eliminado.

6. Como el beneficio financiero es ahora un medio, y deja de ser un fin, las empresas pueden esforzarse hacia su tamaño óptimo. No tienen que temer ser adquiridas, o sentirse obligadas a crecer para ser más grandes, más fuertes o con mayores beneficios. Todas las empresas están liberadas de la coerción de crecer y tragar.

7. Existiendo la posibilidad de aspirar sin miedo al tamaño óptimo, habrá muchas empresas pequeñas en todas las ramas. Como no tienen que crecer más, les será más fácil cooperar y practicar la solidaridad. Se pueden ayudar mutuamente con conocimientos, tecnología, encargos, personal o créditos sin interés. Serán recompensadas con resultados del balance del bien común positivos. Las empresas van formando una red de aprendizaje solidaria, la economía se transforma en un sistema win-win.

8. Las diferencias de ingresos y patrimonios serán limitadas: Ingresos máximos de por ejemplo 20 veces el salario mínimo. Propiedades que no excederán p. ej. los 10 millones de euros, el derecho de cesión y herencia, 500.000 euros por persona, en empresas familiares a 10 millones de euros por hijo. El excedente sobre estos límites serán repartidos a través de un “fondo de generaciones” como “Dote democrático” a las siguientes generaciones: igualdad de capital inicial significa mayor igualdad de oportunidades. (Los márgenes exactos deberán ser definidos democráticamente en una asamblea económica.)

9. En grandes empresas a partir de un elevado numero de empleados (por ejemplo, más de 250) los derechos de decisión y propiedad pasan parcial y progresivamente a los empleados y ciudadanos. La población podrá ser representada directamente a través de “parlamentos económicos regionales”. El gobierno no posee derecho decisorio o de intervención en empresas publicas.

10. Esto es igualmente válido para los bienes democráticos, la tercera categoría de propiedad, junto a una mayoría de pequeños y medianos empresarios y grandes empresas de propiedad mixta. Por bienes democráticos entendemos instituciones económicas públicas en campos de enseñanza, salud, acción social, movilidad, energía, o comunicación: la infraestructura básica.

11. Un bien democrático importante es el banco democrático. Éste sirve, como todas las empresas, al bien común y, como todos ellos, controlado por la ciudadanía soberana y no por el gobierno. Sus servicios consisten en depósitos de ahorro garantizados, cuentas corrientes gratuitas, créditos de interés reducido y créditos de riesgo con plusvalía social y ecológica. El Estado se financia primordialmente a través de créditos sin interés del Banco Central. El Banco Central obtiene el derecho exclusivo de la creación de dinero y efectúa las transacciones de capitales internacionales para impedir evasión fiscal. Los mercados financieros en la forma actual ya no existen.

12. Siguiendo la propuesta de John Maynard Keynes del 1944, se establece una cooperación monetaria global a base de una unidad de calculación (p. ej. “globo”, “terra”) para el comercio internacional. A nivel local, monedas regionales pueden complementar la moneda nacional. Para protegerse de la competencia injusta, la UE inicia una zona de comercio justo (Zona del Bien Común) con estandartes harmonizados o con tarifas aduaneras correlacionadas con el resultado del BBC de la empresa productora. A largo plazo, la meta es una Zona del Bien Común en la ONU.

13. A la naturaleza se le concede un valor propio por lo cual no puede transformarse en propiedad privada. Quien necesite un pedazo de tierra para vivir, agricultura o comercio, se le cede una superficie limitada de forma gratuita o pagando una tasa de utilización. El uso de la tierra está condicionado a criterios ecológicos y al uso concreto. Esto será el final de la especulación inmobiliaria, el “landgrabbing” (apropiación de grandes superficies por multinacionales u otros países) y el latifundismo. En contrapartida, se anula el impuesto sobre el terreno.

14. El crecimiento económico deja de ser un fin. Un nuevo objetivo será la reducción de la huella ecológica de personas privadas, empresas y naciones, hacia un nivel globalmente sostenible y justo. El imperativo categórico de Kant será extendido a la dimensión ecológica. Nuestra libertad de elegir un estilo de vida determinado encuentra su fin cuando limita la libertad de otros de elegir el mismo estilo de vida o por lo menos llevar una vida en dignidad. Personas privadas y empresas serán incentivadas para medir su huella ecológica y reducirla a un nivel globalmente sostenible y justo.

15. El horario de trabajo retribuido se verá reducido escalonadamente hacia la marca, deseada por mayoría de 30 a 33 horas semanales. De este modo queda tiempo libre para otros tres campos de trabajo de gran importancia: trabajo de relaciones y cuidados (niños, enfermos, ancianos), trabajo de crecimiento personal (desarrollo de la personalidad, arte, jardín, ocio), trabajo en la política y actividades públicas. Como consecuencia de este reparto más equilibrado entre las distintas actividades, el estilo de vida se hará más suficiente, menos consumidor, y más sostenible.

16. Cada décimo año en la profesión es un “año sabático” que será financiado a través de un salario mínimo incondicional. Las personas pueden hacer en este tiempo lo que quieran. Esta medida descarga el mercado de trabajo en un diez por ciento de la tasa de desempleo en la Unión Europea.

17. La democracia representativa será completada por la democracia directa y la democracia participativa. La ciudadanía soberana debería poder controlar y corregir su representación, decretar leyes por si misma, modificar la constitución y poder controlar las infraestructuras de abastecimiento: ferrocarril, energía, agua, correos, bancos. En una democracia real son idénticos los intereses de los representantes y los de la ciudadanía soberana. Requisitos para ello son derechos constitucionales de

co-legislar y de controlar por parte de la ciudadanía soberana.

18. Todos los puntos angulares deberán madurarse a través de discusiones intensas en un amplio proceso de bases, antes de que se conviertan en leyes elaboradas por una asamblea económica directamente elegida; su resultado se votará democráticamente por la ciudadanía soberana. Lo que sea aceptado, se introducirá en la constitución y sólo podrá volverse a cambiar con el respaldo de la ciudadanía soberana. Aparte de la asamblea económica del bien común puede haber otras convenciones para profundizar la democracia: asamblea para la educación, asamblea para los medios de comunicación o una asamblea para el desarrollo de la democracia.

19. Para afianzar en los niños los valores de la economía del bien común y poderlos practicar, el sistema de educación debería estar orientado igualmente hacia el bien común. Esto requiere otra forma de enseñanza y otros contenidos, como por ejemplo: emocionología, ética, comunicación, educación democrática, experiencia de la naturaleza y sensibilización corporal.

20. Debido a que en la economía del bien común, el éxito empresarial posee un significado muy diferente al que actualmente recibe, se demandan otras competencias de gestión. Las empresas ya no buscan a los gerentes más duros y ejecutivos de la “eficiencia cuantitativa”, sino a los más responsables y socialmente competentes, los más empáticos y sensibles que consideran la codeterminación como una oportunidad y un beneficio para todos.

La economía del bien común no es ni el mejor de los modelos económicos ni el final de una historia, sólo el paso siguiente hacia un futuro más sostenible, justo y democrático. Se trata de un proceso participativo, de desarrollo abierto que busca sinergia en procesos similares como: economía solidaria, economía social, movimiento de bienes comunes, economía del poscrecimiento o democracia económica. Juntando sus esfuerzos, una gran cantidad de personas y actores son capaces de crear algo fundamentalmente nuevo. La implementación de la visión requiere

motivación intrínseca y autorresponsabilidad, incentivos económicos, un orden político-legal coherente, así como concienciación. Todas las personas, empresas y comunidades están invitadas a participar en la reconstrucción de la economía hacia el bien común.

Ecuador: las claves del milagro económico

Ecuador: las claves del milagro económico (Diagonalperiódico.net) 

Blog: Economía para todos. 

Por David Marty

Cuando entró por primera vez en el escenario internacional como candidato en las elecciones presidenciales del Ecuador en 2006, Rafael Correa prometía mucho. Su campaña había consistido en desmarcarse claramente de la ideología neoliberal, la cual había logrado que Ecuador, al igual que sus países vecinos, conociera un crecimiento negativo (-14% de PIB!) durante el período 1980-2000, es decir durante la era “dorada” del neoliberalismo latinoamericano. Con más del 56% de votantes en la segunda ronda a su favor, Correa se convertiría en el 42º presidente del país. Tras su reciente reelección en febrero de este año, con un amplia mayoría de los votos (esta vez en la primera ronda y a más de 35 puntos de su rival) y con seis años en el cargo, todo un recor en la historia política del país, cabe preguntarse cuales fueron los determinantes del éxito político de Rafael Correa, el presidente del Ecuador más popular de la historia moderna del país.

En este breve post intentaremos describir las políticas económicas y sociales de Correa, sugiriendo que la popularidad del gobierno de Correa reside en la implementación de su programa electoral, es decir principalmente una política económica basada en el distanciamiento con la ortodoxia neoliberal. Esta valoración se basa en la colecta de datos de todos los indicadores económicos y sociales nacionales e internacionales: desde el banco central del Ecuador hasta el Banco Mundial y el FMI hasta fuentes segundarias como los valiosos informes del Center for Economic and Policy Research en Washington DC, EEUU. Este describe cuales fueron las políticas de impulso económico y de reducción de la pobreza pero hace especial hincapié en las reformas del sistema financiero y en sus resultados.

El reto de Rafael Correa

En el tiempo de su mandato, Rafael Correa ha tenido que enfrentarse a una de las peores crisis económicas de su historia. Para más dificultad, no pudo contar con los clásicos instrumentos de políticas fiscales, habiendo adoptado el dólar en el año 2000 y habiendo por lo tanto perdido su soberanía monetaria.

El primer paso, y quizá el más importante, que dió el gobierno de Correa fue la reforma de la Constitución adoptada con un amplía mayoría en septiembre del 2008. Habiendo hecho campaña contra las políticas neoliberales -- herencia de los años 80 de todos los países latinoamericanos -- y contra el poder excesivo de una elite económica y política, Correa había prometido reformar la constitución. La adopción de la nueva constitución por un alta mayoría de los votantes (casi el 64%) dió lugar a nuevas elecciones que Correa nuevamente ganaría, con su rival más cercano a más de 23 puntos de distancia. El gobierno nuevamente elegido dispondría entonces de un amplio margen de maniobra política para implementar su programa de campaña.

La transformación radical del modelo productivo ecuatoriano

Rafael Correa es economista del desarrollo y se nota. Este dato es importante para comprender sus políticas. Sus afinidades le alejan de las teorías neoliberales, para las cuales latinoamérica fue (y sigue siendo para algunos países como Méjico) un campo experimental a gran escala con resultados a menudo catastróficos. El modelo de crecimiento por el que está apostando Correa en la actualidad es el de mercados financieros regulados, el de una política económica que favorece y protege la industria nacional y el empleo, el de un crecimiento impulsado por los salarios (el modelo llamado "wage-led growth"). Esta filosofía política y económica, basada en haber observado y estudiado el modelo de crecimiento de los países más industrializados cuando estaban en su fase de desarrollo, implica un estado del bienestar desarrollado que, al estilo de los países escandinavos, redistribuye las riquezas y creando una demanda fuerte y estable en el largo plazo. El modelo impulsado por el gobierno de Correa tiene también como objetivo la reducción de las desigualdades, permitiendo no solamente una democracia de facto -- donde cada ciudadano dispone de un derecho a votar pero donde el poder decisional está en manos de una minoría privilegiada -- sino también una democracia formal.

Para Rafael Correa, afín al pensamiento del economista del desarrollo Ha Joon Chang de Cambridge y de otros historiadores clásicos como Friedrich List (17--,18--), la ideología del libre comercio solo es una política que aventaja solamente a quienes son líderes en competitividad pero que en su fase de desarrollo siguieron políticas diametralmente opuestas al llamado libre comercio. No existen excepciones en las historia de los países ricos: ni Francia, EEUU, Gran Bretaña, Alemania, Japón o Corea del Sur (la lista es mucho mayor) lograron desarrollarse sin intervenir en los mercados y sin planificar su economía, ya sea más o menos democráticamente (Corea lo hizo en gran parte bajo una dictadura militar). Dicho de otra manera, ningún país rico se hizo rico siguiendo las tesis neoliberales.

Ecuador, junto con el resto del continente latinoamericano, se sometió a las políticas neoliberales durante los años ochenta y noventa con resultados catastróficos. Pero la situación hoy ha cambiado. Tanto la política económica como las respuestas a la crisis son el antítesis del neoliberalismo. Es como si el gobierno de Correa hubiera decidido coger todas las prescripciones neoliberales una a una y decidido hacer justo lo contrario.

El nacimiento del Estado del Bienestar en Ecuador

Puede que sorprenda que se hable de ‘nacimiento’ del Estado del Bienestar en Ecuador cuando ya existían estructuras que garantizaban ciertos servicios y ciertas ayudas a los más necesitados. Pero dado el deterioro en el que se encontraba Ecuador antes de la llegada de Rafael Correa en diversos aspectos como el gasto público en educación, sanidad, y su posición en el ranking mundial en cuanto a desigualdad y pobreza, difícilmente se podía hablar de un estado del bienestar.

La educación

Frente al reto de mejorar y cambiar el tejido industrial y el modelo productivo del país, invertir en la educación ha constituido uno de los focos de la política del nuevo gobierno. Con el Plan Decenal de Educación 2006-2015 (plan que impulsó el anterior gobierno del cual formó parte el actual presidente) se incrementó sustancialmente el gasto en educación. De un 2.6% del PIB en 2003 (muy por debajo de la media de 4.6% para países de niveles similares de ingresos) se ha logrado duplicar el gasto y superar la media con un 5.2% de PIB en 2011. Se calcula que este año se alcanzará el objetivo del 6% del PIB en gastos en educación. Esta transformación en el sistema público de educación será sin duda un recurso muy valioso a la hora de contratar mano de obra cualificada para las industrias pertenecientes al nuevo modelo productivo. Según la previsiones del propio gobierno, se prevé que en el año 2014 el Ecuador exportará por primera vez servicios, marcando así su entrada en un mercado reservado habitualmente a los países más industrializados, y aunque seguramente necesite al principio contratar mano de obra extranjera para satisfacer su demanda laboral, la importante inversión en la educación debería permitir en un futuro cercano abastecer ésta con nacionales.

La sanidad

Resulta difícil medir el éxito de lo que se invierte en la salud de un país. El problema, evidentemente, reside en el tiempo necesario para observar los efectos de cualquier cambio en la salud y en la mortalidad de sus habitantes. Sin embargo, una de las medidas comúnmente empleadas por los economistas cuando no se tienen datos a largo plazo es el de la mortalidad infantil, sobretodo para países subdesarrollados que disponen, como ha sido el caso con Ecuador, de un margen de progresión importante en este ámbito. En el 2006, año previo a la llegada de Correa a la presidencia, la mortalidad infantil era elevada incluso en comparación con países de ingresos similares.

A partir de 2007 Ecuador invierte en la sanidad pasando del 1.2% del PIB al 1.9% de gasto y sin rebajarlo cuando el país empezó a sufrir de pleno la crisis en 2009 (es decir lo contrario, por ejemplo, de lo que se nos impone en España). El resultado más inmediato fue una reducción de la mortalidad infantil y de los menores de 5 años, situándose muy por debajo de la media para países con niveles similares de ingresos (o de PIB per capita, es lo mismo). Este progreso se debe sobretodo, además de un acceso ampliado a la sanidad gratuita para los más pobres, a los programas de vacunación infantil y a una política de acercamiento de los ciudadanos elegibles a dichos cuidados.

Lucha contra la pobreza

El pilar central de la lucha contra la pobreza es el llamado Bono de Desarrollo Humano. Se trata de un subsidio destinado a las personas más pobres. La parte de la población más vulnerable, en mayoría jóvenes madres y personas mayores, se benefició de este subsidio ($50/mes) y contribuyó a reducir la pobreza drásticamente, y todo a pesar de la crisis financiera que redujo en 2009 el volumen de las remesas (en proveniencia de España y EEUU principalmente) y de las que muchas familias pobres dependían. Tras superar la recesión -- que duró solamente tres trimestres en Ecuador -- la pobreza retrocedió hasta niveles históricos, de un 37.6% de la población en 2006 al 28.6% en 2011. No disponemos de datos para el año 2012 pero es muy probable, dada la constancia en la evolución de los indicadores, que se confirme esta tendencia para el periodo 2012-2013.

El empleo

El desempleo se encuentra en la actualidad en un 4.9%, uno de sus bajos récords históricos. El uso de los recursos naturales de Ecuador (es un gran país exportador de petróleo) para lograr la transformación del modelo productivo llevó el gobierno a aumentar enormente su gasto (al igual que sus ingresos) fuera del sector de la educación, la salud y la lucha contra la pobreza. Ecuador ha invertido sumas muy importantes en infraestructuras (redes de transporte de todo tipo, principalmente carreteras), permitiendo mantener en todo momento, incluso en periodo de crisis en el año 2009, una demanda laboral importante.

La política de redistribución de las riquezas también ha contribuido al empleo, manteniendo una demanda doméstica al alza para los productos domésticos y llevando las industrias nacionales, nuevas y tradicionales, a contratar cada vez más mano de obra. Esta es una implementación de la filosofía económica ‘escandinava’ del presidente, es decir la de un crecimiento basado en una fuerte demanda, o lo que es lo mismo, un crecimiento basado en los salarios (el modelo llamado “wage-led growth” en inglés).

La crisis financiera en Ecuador

Ecuador siempre sufrió de los males típicos de las naciones latinoamericanas sobretodo a partir de los años 80. A pesar de una riqueza de recursos incomparable Ecuador sufrió de un progreso económico famélico, una fuerte inestabilidad gubernamental (7 presidentes de 1996 a 2006 hasta que llegó Correa al poder), altos niveles de pobreza, desempleo y desigualdad. Y si bien el nuevo gobierno disponía a partir de Abril de 2009 de un cómodo margen de maniobra política, la crisis financiera internacional impactaría de pleno la economía ecuatoriana en 2009, poniendo a prueba la solidez de la nuevamente adoptada filosofía política.

La crisis financiera llegó tarde a Ecuador, corriente del 2009. Esta se traduciría por una fuerte caída de las dos principales divisas del país: la exportaciones de petróleo y las remesas (mayoritariamente desde España y EEUU). Sin su propia moneda, las opciones del gobierno se veían muy limitadas. A consecuencia de la dolarización en el 2000, una medida adoptada para limitar la inflación tras la crisis del 98, ya no podía controlar su moneda para, por ejemplo, abaratar su producción y relanzar la demanda a través de las exportaciones, ni tampoco imprimir sucres, la divisa previa al dólar, para comprar deuda del estado y financiar una política de impulso de la demanda en periodo de crisis. Dadas estas complicaciones y para cumplir su promesa electoral de usar los recursos del país para servir a la población y luchar contra la pobreza tendría que domar el volátil y poderoso sector financiero y superar los efectos de la crisis internacional y para ello mostrar ingenio y creatividad.

Las soluciones anti-crisis de emergencia

En primer lugar la constitución modificó el estatuto del Banco Central de Ecuador, pasando de ser “independiente” políticamente, una exigencia que ya forma parte de la ortodoxia neoliberal, y pasó a sumarse al Ejecutivo del Gobierno, bajo la dirección del nuevo Ministerio Coordinador de la Política Económica y al servicio de la política económica del Gobierno.

En segundo lugar y tras esta reforma la prioridad fue garantizar la solvencia y la seguridad del sistema financiero y así evitar lo ocurrido 10 años antes durante la crisis del 98 (consecuencia de la crisis del sureste asiático). Se creó un fondo de liquidez que los bancos mismos financiarían según un baremo creciente. Un fondo de liquidez es un fondo de rescate, es decir un seguro, que retiene un pequeño porcentaje sobre sus depósitos ‘obligatorios’ (aquellos que por ley los bancos no pueden invertir por si queremos sacar dinero de la cuenta, también llamados ‘coeficiente de caja’) con el fin de evitar mayores pérdidas en el futuro cuando cundiera el pánico bancario (acá el corralito). Esta ley fue adoptada en diciembre del 2008 y obligó a que los bancos contribuyeran con el 3% del coeficiente de caja. De ese 3% se pasará progresivamente al 10% en 2017. Por ahora el fondo dispone ya de más de 1.200 millones de dólares de reservas.

Cabe hacer resaltar la ingeniosidad de esta acción: la existencia misma del fondo reduce la probabilidad de un pánico en el futuro - típico en la crisis bancarias - al transmitir mayor seguridad a los actores del sector financiero, un factor decisivo en tiempos de crisis y menospreciado en tiempos de prosperidad.

Los tipos de interés

Tras la reforma constitucional de 2008, el Banco Central de Ecuador se vio capacitado, a pesar de no disponer de su propia moneda, para controlar en cierta medida los tipos de interés y promover las inversiones. Efectivamente, el Banco Central de Ecuador, que forma parte del Ejecutivo desde la reforma constitucional, actuaría dentro de sus limitadas opciones para reducir los tipos de intereses. Y así fue: de un 8.28% en 2007 pasó a 3.85% en 2013.

Cuando subió la inflación en plena crisis a causa del alza de los productos bases, el gobierno de Correa no cedió a la tentación de subir los tipos de interés (lo que nos dicen los manuales de texto clásicos para reducir la inflación) y mantuvo su política de promoción de la inversión a través de los tipos bajos. Esta fue una decisión muy acertada por parte de Correa. Quizá en calidad de economista comprendió que siendo las causas de esa inflación externas, la subida de la inflación sería temporal y muy breve. Los acontecimientos le darían razón y pronto la inflación bajaría, del 10% al 6% aprox. Esta decisión de no aumentar los tipos para frenar la inflación evitó un empeoramiento que habría causado la subida de los tipos en la demanda y en el paro.

Cómo controlar los tipos sin controlar la moneda

Cuando Ecuador adoptó el dólar de EEUU, abandonando el sucre, también abandonó su soberanía monetaria y perdió dos de sus principales instrumentos de actuación en situación de recesión económica. Bajo estas condiciones, difícilmente un gobierno podría actuar en situación de recesión y no ser la victima pasiva de una crisis internacional. En 2009 llegaría a Ecuador la crisis. Esta se materializó por una fuerte caída de dos de las principales fuentes de divisas del país: el petróleo y las remesas del extranjero (principalmente España y EEUU). Esta caída en la demanda fue comparable a las crisis en España o en EEUU.

Si la adopción del dólar en el 2000 había logrado prevenir cierta huída de capitales a causa del miedo a una devaluación excesiva, típico en situaciones de crisis, harían falta medidas creativas para prevenir la huída “política” de capitales, la cual consiste en expatriar los capitales en función de los intereses de los inversores.

Por esa razón se creó, en mayo de 2009 el ‘coeficiente de liquidez doméstica’. Este coeficiente corresponde a la proporción de liquidez que las instituciones del sistema financiero deben mantener dentro del país. Del 45% en 2009 pasó al 60% durante el verano del 2012. Esta ley también implica que parte de esos fondos (3-5%) que se encuentran dentro del país sean invertidos en títulos del Banco Central u otras instituciones públicas. Adicionalmente, se impuso una tasa del 0.5% sobre la expatriación de capitales. Este porcentaje fue llevado progresivamente al 5%. Tuvo como consecuencia un incremento muy significativo en los ingresos del estado, pasando de un 1% de los ingresos del estado al 10% en la actualidad.

Parte de esta política también ha consistido en invertir de forma importante en las infraestructuras del país. Esta política ambiciosa ha necesitado muchos fondos y tanto los bajos tipos de interés como el coeficiente de liquidez domestica fueron pilares en su implementación, facilitando la financiación de las grandes reformas.

Dada la corta duración de la recesión en Ecuador, -1.3% del PIB en un total de a penas 3 trimestres y una recuperación total al cabo de solo 1.5 años y dado el crecimiento constante del país en los últimos 6 años se considera que está siendo una política exitosa.

Protección de los consumidores y leyes anti-usura

El gobierno ecuatoriano también impuso medidas destinadas a proteger el consumidor y usuario de servicios bancarios. Se limitaron las comisiones en los cajeros automáticos a 0.50 dólares. Se eliminaron las comisiones de mantenimiento de las cuentas de ahorro, habiendo llegado a la absurda situación donde la gente de facto pagaba por depositar fondos con los cuales los bancos mismos financiaban su actividad. También se sometió a la aprobación de las instancias reguladoras la creación de ciertos productos financieros derivados, algo impensable que en Europa no llegó a pasar de los discursos a la realidad. Se reforzaron las leyes anti-usura que permitían que ciertas entidades de crédito impusieran tipos prohibitivos (hasta el 100% anual en casos de microcréditos). Este comportamiento por parte de ciertas entidades financieras constituía un abuso claro. Este comportamiento, llamado “búsqueda de renta”, respondía a incentivos que las nuevas leyes han intentado eliminar para así fomentar las actividades financieras en la economía ‘real’, es decir la que crea riquezas.

Hacia un sistema financiero más cooperativista

La nueva constitución describe el sistema económico como “mixto” y habla de una “economía popular y solidaria”. Según el artículo 283 “la economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios.” El art. 311 es más explícito y dice lo siguiente: “EI sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria. ”

En los hechos, esto se ha traducido por una participación más importante de las entidades cooperativas: si bien el valor de los préstamos por entidades financieras cooperativas ha aumentado junto con el resto de las entidades privadas, éstas lo hicieron en mayores proporciones. En 2007 representaban poco más del 11% de los préstamos. A día de hoy, prácticamente uno de cada cinco préstamos en el sector privado (19.6%) se hace a través de una cooperativa.

Más allá de las cooperativas, el denominado “sector financiero popular y solidario”, compuesto no solamente por cooperativas de ahorro y crédito, sino también por “entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro”, recibe un fuerte apoyo por parte del gobierno. A través del Programa de Finanzas Populares de 2008 se expandió el volumen de créditos a pequeñas entidades y cooperativas. En total, el sector financiero popular y solidario representa casi uno de cada cuatro préstamos y uno de cada seis depósitos.

Compartimentando el poder del sector financiero

Otras medidas tuvieron como objetivo - de los más ambiciosos sin duda dado que afecta directamente a la estructura del poder interno - limitar las participaciones de las entidades financieras en sectores no financieros, sobretodo en los medios de comunicación. El art 312 de la nueva constitución (modificada por referéndum en 2011) prohibió que tanto las entidades financieras como los medios de comunicación pudieran tener participaciones fuera de sus respectivos sectores de actividad. En este ámbito los objetivos son más difíciles de alcanzar dada la resistencia de los grupos conservadores, dominantes en la prensa y la televisión, y el apoyo por parte de grupos extranjeros.

Con el objetivo de limitar el poder político y económico de los grandes grupos del sector financiero, se limitó el tamaño de los grupos limitando el número de actividades que cada entidad podría llevar a cabo (seguros, inversión de alto riesgo, banca comercial de depósitos, etc.) y se prohibió que cada grupo bancario fuera compuesto por más de una banca. Los europeos difícilmente podemos imaginar comparable situación en nuestros respectivos países donde el sector financiero goza de un poder inmenso, pero en Ecuador se puede decir que el nuevo gobierno a ‘domado a la bestia’, aunque queda mucho trabajo para rehacer la matriz productiva del país.

Conclusión

Aquellos que estamos siendo sometidos a la doctrina del neoliberalismo -- la cual consiste en la libertad de los mercados más absoluta, prometiendo así un crecimiento futuro que al igual la vida tras la muerte, se llega con la fé más absoluta y sin requerir evidencias -- nos dejamos distraer fácilmente por la hipocresía de dicha doctrina, la cual consiste en realidad en la desintegración de la clase media y con un socialismo para los ricos y una estricta disciplina de mercado para los pobres. Es innegable que en los hechos el neoliberalismo tiende a ser una farsa de si misma y que poco vemos de la disciplina de mercado con la que se llenan la boca los defensores, políticos y académicos, de la dicha doctrina. Pero quizá estemos perdiendo de vista cómo los países ricos llegaron a serlo y cuanto los españoles podríamos serlos todos. El caso del Ecuador es una prueba más de cómo un pueblo puede recuperar su soberanía y emprender el camino de la prosperidad y la democracia.

Quien es quien en PODEMOS. Las corrientes internas de Podemos: el peso de las diferentes ‘familias’ y su ideología

Quien es quien en PODEMOS:

Las corrientes internas de Podemos: el peso de las diferentes ‘familias’ y su ideología

LA HETEROGENEIDAD COMO SEÑA DE IDENTIDAD

El Confidencial, 6 de octubre de 2.014

El proceso fundacional en el que está inmerso Podemos para definir su modelo organizativo, así como sus principios éticos y políticos, ha sacado a relucir las diferentes corrientes internas del partido. La heterogeneidad es una de las principales señas de identidad de la formación liderada por Pablo Iglesias, por lo que está emergiendo una pluralidad de posturas respecto a importantes cuestiones políticas (como el modelo territorial, económico o de defensa) y organizativas (convergencia con otras organizaciones políticas, métodos de participación o de extensión a movimientos sociales y sociedad civil en general).

Las diferentes líneas políticas y de opinión en el seno de esta organización pueden agruparse en cuatro grandes categorías, que no sólo responden a postulados ideológicos, sino también a las clásicas camarillas o “familias”. La que más peso tiene en la organización es la conformada por la promotora, cuyos miembros han acaparado durante estos meses la mayor atención mediática y responsabilidad interna (lo primero ha sido en la mayoría de casos consecuencia de lo segundo): Pablo Iglesias, Iñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, Carolina Bescansa y Luis Alegre conforman el núcleo duro de Podemos Central o, lo que es lo mismo, del Círculo Podemos Complutense.

La segunda corriente interna con más peso en la organización es la de Izquierda Anticapitalista (IA), que en 2008 se escindió de Izquierda Unida

La segunda corriente interna con más peso en la organización es la de Izquierda Anticapitalista (IA), que en 2008 se escindió de Izquierda Unida para convertirse en un partido independiente. La mayoría de sus miembros fundadores son antiguos militantes de la Liga Comunista Revolucionaria, como es el caso del histórico Jaime Pastor, politólogo y profesor de la UNED. El papel de esta organización fue fundamental para la creación de Podemos, que idearon y diseñaron desde su secretaría general. Entre los militantes de IA con cargos de responsabilidad en Podemos destacan los eurodiputados Pablo Echenique y Teresa Rodríguez, además de Miguel Urbán, que actualmente se encarga de la comisión de extensión y fue el número siete en la lista a las elecciones europeas.

La eurodiputada de las bases

Con un peso, de momento, secundario, pero cada vez más ruidoso y nutrido por las bases se encuentra la corriente de corte netamente quincemayista. Muy heterogénea y poco compactada, esta familia está formada casi por descarte, al estar alejada tanto de Podemos Central como de la estructura de IA. Sin embargo, no está exenta de identidad propia como están demostrando durante estas primeras semanas de asamblea fundacional. En su mayoría son activistas que despuntaron con el 15-M y que forman parte del tejido social de sus respectivas ciudades, aunque cuentan con el apoyo de la eurodiputada Tania González.

La corriente federalista destaca por su cohesión, aunque su peso en la organización es a día de hoy bastante marginal

Los integrantes de esta corriente están repartidos por los círculos de todo el territorio y su principal punto de encuentro se basa en la voluntad de dotar a Podemos de una estructura los más asamblearia posible y regida por la democracia directa. Entre los nombres que más destacan por méritos propios (propuestas con más adhesiones recabadas entre las bases) destacan los equipos encabezados por Víctor García, (Profundización Democrática), Daniel Ripa (Podemos Participar Más), Carolina Huelmo (Círculo Enfermeras) y Pablo Soto ( Iniciativa Ciudadana Podemos) que la promotora ya ha integrado en su propuesta.

Tania González, durante una rueda de prensa de Podemos en Gijón. (EFE)

La corriente federalista destaca por su cohesión, aunque su peso en la organización es a día de hoy bastante marginal. Impulsada, principalmente, por los círculos de Podemos en Gran Canarias (para llamar la atención sobre "la singularidad del archipiélago), y con el apoyo de otros como los de Navarra, su principal reivindicación es construir una organización descentralizada, en el que las asambleas territoriales tengan más autonomía y representación, y unos principios políticos que reconozcan y promuevan el derecho de autodeterminación. Una cuestión sobre la que todavía reina la indefinición en el seno de Podemos y sobre la que abundan posturas encontradas, como la del exfiscal catalán y eurodiputado electo de Podemos Jiménez Villarejo, que manifestó públicamente su férrea oposición a la consulta catalana, en contradicción con lo manifestado por Pablo Iglesias (en su día ya abandonó ICV por no compartir su postura secesionista).

Los tres niveles de la “radicalidad democrática”

Existe una pluralidad de posturas respecto a importantes cuestiones políticas como el modelo territorial, económico o de defensa, y organizativas

Las líneas políticas de las principales corrientes de opinión en Podemos apuntan, a grandes rasgos, a tres niveles diferentes de “radicalidad democrática”. La propuesta de máximos es la defendida por la corriente más quincemayista y de base, que como apuntan los propios nombres de sus borradores buscan una mayor “profundización democrática” y “participación” con respecto al modelo defendido por la promotora. Para ello, han diseñado diferentes métodos de democracia directa y asamblearia, como el Voto Único Transferible (VUT), la rotación de cargos asumidos por sorteo de miembros que se presentasen previamente como voluntarios, mecanismos para integrar a la sociedad civil en la toma de decisiones o referéndums populares.

Las herramientas telemáticas juegan un papel fundamental a la hora de potenciar estos procesos deliberativos. En definitiva, todos ellos pretenden que “los círculos ordenen y los representantes obedezcan”. Una máxima en la que coinciden los principales autores de estos borradores y que la fundadora del Círculo de Enfermeras (que encabezó la única lista alternativa a la presentada por Iglesias para pilotar el partido durante los meses previos a su asamblea fundacional) define como imprescindible debido a las “carencias democráticas” del modelo propuesto por la promotora.

En un punto intermedio entre esta corriente de base y la liderada por Iglesias se encuentra la de IA. Su documento de referencia, Es la Hora de la Gente aboga por una mayor descentralización de los poderes ejecutivos, mediante una suerte de multiportavocía compuesta por siete personas que asumirían en conjunto la máxima responsabilidad y visibilidad mediática en el seno de Podemos. A grandes rasgos, lo que más lo diferencia del documento del equipo promotor, como se explicita en el propio texto, es que se “aumenta la intensidad y el alcance de los procesos de participación, control y revocación, así como la frecuencia con la cual se consulta a los miembros de los círculos”. La semana que arranca será la última dedicada al debate de los borradores, que se votarán el próximo fin de semana. Un momento en el que comenzarán a erigirse los pilares sobre los que se sustentará la formación.